Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Veracruz (REDIV)

La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Veracruz (REDIV), se forma en el mes de marzo del 2015, con el acompañamiento de la Red por los derechos de la Infancia en México (REDIM). La red se encuentra integrada por las organizaciones: Matraca, A.C., Odisea, A. C., Visión Mundial, A.C., AUGE, A.C., CESEM, A.C., La Guarida Club de Amistad, A.C., CIDEM, A.C., Colectivo CAN CAN, grupo de trabajo “Gestión, Ciudadanía y Derechos Humanos” conformado por Académicos de la Facultad de Sociología Universidad Veracruzana, Dialogo y Articulación Social, A.C., Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM), El Taller A.C. y La Casa de Nadie, A.C.

La misión de REDIV es articular organizaciones y ciudadanos que trabajan por alcanzar efectividad en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Veracruz, a  través de la generación de información, establecimiento de protocolos de atención, difusión de buenas prácticas y elaboración de propuestas de política, que impacten en el desarrollo de un Sistema Local y Sistemas Municipales.

La REDIV informa y se relaciona con la sociedad a través de comunicados que firma el Observatorio de la Efectividad de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Veracruz.

En el marco de la coyuntura electoral de Veracruz, REDIV invita a los candidatos y a la candidata a la gubernatura del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a comprometerse públicamente a hacer que el estado funcione para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incorporando a su agenda de campaña los siguientes 12 puntos:

 

  1. Aplicar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado De Veracruz de Ignacio de la Llave (LDNNAV) y garantizar la efectividad de todos los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) a través del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de NNA.
  2. Asegurar que la construcción del Sistema de Protección Integral genere una nueva institucionalidad, tanto a nivel estatal como municipal.
  3. Garantizar que en el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales participe la sociedad civil, así como niñas y niños, lo que implica una Convocatoria que garantice y aliente la participación de las OSC en dichos sistemas.
  4. Establecer un Sistema Estatal fuerte, con una secretaría ejecutiva con capacidad de convocatoria y de realizar la coordinación interinstitucional que se requiere.
  5. Establecer una Procuraduría Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes capaz de representarlos, protegerlos y defenderlos en los municipios donde viven.
  6. Realizar un Programa Estatal acorde con la realidad de todos los NNA de Veracruz, que supere la lógica inercial que sólo reproduce la desigualdad y alienta la violencia, con propuestas de política para el Sistema Nacional.
  7. Impulsar Programas Municipales con propuestas de política, porque esta es la forma legal que tienen las demarcaciones para influir en el Programa Estatal y, por tanto, en las políticas estatales y federales, para garantizar efectividad.
  8. Realizar un sistema de información que sirva para la planeación, el monitoreo y la rendición de cuentas.
  9. Realizar la armonización legislativa de todas las leyes estatales con la
  10. Solicitar la asistencia técnica de UNICEF para la realización del diagnóstico de la situación de los derechos de NNA del estado, para realizar un amplio esfuerzo de formación y capacitación de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno sobre los derechos de NNA y la operación del Sistema Estatal y los Sistema Municipales.
  11. Garantizar la protección de defensores de derechos de NNA.
  12. Realizar un presupuesto 2017 adecuado en el Congreso local, con base en un diagnóstico preciso y prioridades claramente definidas por grupos de edad, condición étnica, residencia rural-urbana, y regiones, así como propuestas de modificación de las políticas federales y estatales.

Mi escuela saludable es una iniciativa de participación ciudadana de REDIM y el Poder del Consumidor para fomentar el acceso a alimentos saludables dentro de las escuelas. A través de su portal invitan a hacer una denuncia ciudadana de las escuelas en donde se siga vendiendo comida chatarra.

Puedes participar si eres alumna o alumno, madre o padre de familia, o también maestra o maestro. Empezaremos con vigilar la comida chatarra en las escuelas primarias y secundarias de todo el país. Para hacer tu denuncia solo debes llenar el formulario y enviarlo, es fácil, rápido y sencillo.

¡Con tu participación lograremos sacar la comida chatarra de las escuelas y hacerlas más saludables!

En abril de 2016, el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) —organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria— presentaron los resultados de la plataforma ‘Mi Escuela Saludable’ a un año de su lanzamiento.

  • De acuerdo con los más de 1,000 reportes recibidos en ‘Mi escuela saludable’, en la mayoría de las escuelas señaladas se sigue vendiendo refresco, comida chatarra y no se oferta fruta ni verdura.
  • El 94% de los reportes revela que no se ha constituido el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, quien debe vigilar la oferta de alimentos dentro de las escuelas.
  • El 45% de los reportes indica la presencia de bebederos, pero de acuerdo con los testimonios muchos de ellos no están funcionando.

Conoce los resultados de esta experiencia exitosa de rendición de cuentas ciudadana aplicada al monitoreo de salud y nutrición de niños y niñas en las escuelas.

 


El Informe “Niñas y Mujeres sin Justicia” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) demuestra la realidad y la falta de acceso a la justicia para las niñas, adolescentes y mujeres en México sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivo.

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 90% de la población de 12 a 19 años de edad a nivel nacional reportó conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo. Esta cifra muestra un avance significativo respecto a lo reportado en la ENSANUT 2006 (de 82%) y en la ENSANUT 2000 (de 69%).”


El “Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México” del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) es una investigación inédita sobre el desarrollo histórico y legal de la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México, enfocada en los avances normativos a partir de las reformas aprobadas en los últimos tres lustros y los obstáculos estructurales para su implementación —particularmente en el Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Morelos y Oaxaca.

Basada en reveladores testimonios e indicadores, documenta la brecha entre las nuevas normas y las prácticas judiciales de corte «tutelar», ancladas a políticas públicas excluyentes.

Una de las conclusiones es que mientras persista entre los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes la cultura «tutelar», continuarán las anacrónicas prácticas violatorias del debido proceso y el Estado mexicano seguirá en deuda con esos jóvenes, sus familias y miles de víctimas de delitos atribuidos a este grupo demográfico.

Y si bien destacan avances en cuanto a la normatividad, advierten que uno de los grandes aspectos sin resolver es la profesionalización de los actores del propio sistema penal para la aplicación de dichas normas, así como un adecuado sistema de evaluación de desempeño.

Aparte, señalan que en general las instituciones judiciales conciben la reintegración social y familiar como un tratamiento aislado y solo excepcionalmente [en el DF y en Yucatán] se aplican medidas administradas por la sociedad civil, a través de organizaciones como Reintegra. De ahí que una recomendación central del Informe sea que iniciativas de ese tipo sean impulsadas, financiadas y replicadas.

Finalmente, advierten que crear programas basados únicamente en la «conducta antisocial» provoca que se estigmatice y excluya a los jóvenes, aparte de que es contrario a lo establecido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, e imposibilita la reintegración social y familiar.

Conoce el Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México


Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones que trabajan derechos de la niñez, se están capacitando en prevención social de la violencia. Del 29 al 31 de julio se llevó a cabo el taller proyecto “Fortalecimiento del papel de la sociedad civil como actor estratégico en la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PSVD)” en Monterrey. Participaron 46 personas procedentes de 8 entidades federativas: Nuevo León, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Baja California y San Luis Potosí. Las y los participantes trabajan en 29 OSCs asociadas a 6 redes: Fundación Axtel, Comunalia, Fundación Merced, REDIM, Red de Casas de la Mujer Indígena (CAMIS) y Red de Radios Comunitarios de México (AMARC). En los próximos meses se llevarán a cabo talleres similares en diferentes lugares del país.