El pasado 11 de abril de 2016, Morelos presentó su primer informe de avances de 10 por la Infancia 2015-2016, donde describe la “Casa de Medio Camino para Jóvenes en Conflicto con la Ley” . Su objetivo general es alcanzar la reintegración social del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades, poniendo a su alcance un tratamiento integral que les aporte las herramientas emocionales y formativas para su desarrollo pleno con las condiciones de reintegración social.

En donde se ve reflejado el esfuerzo de varias instituciones como: Centro de Rehabilitación Ave Fénix, TUJA, CEMPLA, Defensoría Pública , UMECA, ICATMOR, SEDESO, SNE, CAISA, Registro Civil, Estatal, Hospital G. Parres , IMEM, Secretaria de Cultura, Secretaria de la Gubernatura , SEP, DIF Estatal.

Casa de Medio Camino, es un espacio físico de alojamiento y cuidados, dirigido por especialistas que atiendan a los adolescentes que se encuentran en la etapa de reinserción, así como a familiares y amigos interesados en una formación complementaria, ya que son un factor importante al ser una de las principales causas de las conductas delictivas entre los adolescentes.

El proyecto está diseñado con una duración de 6 a 8 meses por joven, dependerá del programa individualizado la disminución o extendimiento que se planee durante la segunda etapa.

A través de la vinculación interinstitucional y del trabajo en red con Dependencias Gubernamentales y No Gubernamentales, en base a programas individualizados de los beneficiarios, se ha logrado en una primera generación:

•La prevención de la reiterancia en la comisión de las conductas, violencia, adicciones y delincuencia en materia de adolescentes.

•Atención y tratamiento integral para los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran en el Estado de Morelos.

•Acompañamiento en medidas de externamiento o que han concluido su sanción.

•Disminución de la delincuencia, adicciones y violencia de los adolescentes.

Además de generar una cultura de la legalidad, acceso a los servicios de Salud Pública, capacitaciones para oficios y/o auto empleo, acceso a la educación básica, media y superior, tratamientos psicológicos, psiquiátricos y de contención a beneficiarios y familiares, talleres lúdico-recreativos, cuidado del medio ambiente y fortalecimiento del sano esparcimiento arte y cultura.


 

El pasado 11 de abril de 2016, Morelos presentó su primer informe de avances de 10 por la Infancia 2015-2016, donde describe las acciones del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.

En el objetivo de promover las formas alternativas al juzgamiento y las medidas no privativas de la libertad para el mayor número de casos donde estén involucrados adolescentes en conflicto con la ley, proponiendo como acciones la creación de una coordinación para el apoyo y seguimiento de medidas para adolescentes, encargada de dar seguimiento a los adolescentes que se encuentran en externamiento, Morelos destaca los siguientes avances.

A pesar la preocupante tendencia ascendente que muestra la participación de los jóvenes en la comisión de hechos delictivos:

Se redujo el número de expedientes de adolescentes en conflicto con la ley con resolución sancionatoria privativa de la libertad de 86 en 2013 a 32 en 2015.

Se redujo el número de adolescentes en conflicto con la ley con resolución sancionatoria de tiempo en internamiento de dos años o más de 43 en 2013 a 32 en 2015.

Aumentó el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley que cuyos casos se resolvieron mediante medidas alternativas al juicio de 105 en 2013 a 151 en 2015.

Aumentó el número de adolescentes que siguen su proceso en libertad (pena no privativa de libertad) de 187 en 2013 a 196 en 2015.


El 29 de abril de 2016, en Oaxaca, se realizó un foro sobre el sistema de justicia para adolescentes incluyendo un rally para las y los adolescentes sobre el papel de las diferentes instituciones.

Participaron el Poder Judicial, la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, la Defensoría Pública Especializada, la Procuraduría de Protección y la Defensoría Especializada para niños, niñas y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Direccion de ejecución de Medidas para Adoelscentes (DEMA), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA) y UNICEF.


El 1 de abril de 2016, el Estado de Oaxaca presentó su informe de avances de 10 por la Infancia 2010-2016 destacando sus avances en el marco de los 10 puntos a lo largo de la presente administración.

El Proyecto de Trabajo Interinstitucional para garantizar los Derechos de las y los Adolescentes que se encuentran bajo la custodia, supervisión y seguimiento de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) es una buena práctica del estado en la materia que se describe a detalle en el informe:

La coordinación interinstitucional es una estrategia que permite generar nuevos mecanismos para el diseño e implementación de políticas públicas que incidan en la observancia plena de los derechos humanos. Con este propósito la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA), y la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) han decidido conjuntar acciones para diseñar e implementar un proyecto de trabajo que contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos de las y los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley y bajo una medida sancionadora en Oaxaca.

Este proyecto se enmarca en un contexto estatal donde la consolidación del Sistema de Justicia para Adolescentes se ha vuelto un tema fundamental a la luz de la progresividad que existe en el reconocimiento de los derechos humanos en la legislación nacional.

Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y las reformas a los artículos 18, 20 y 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sientan las bases para crear un sistema especializado de justicia para adolescentes mayores de 12 años y menores de 18, que hubieren realizado una conducta considerada como delito en la legislación penal.

Con estas reformas, se fortalece la adopción de un nuevo enfoque centrado en el respeto a los derechos humanos y se dejan de ver a las y los adolescentes como objetos de tutela o como incapaces, para dar pauta a su consideración como sujetos de derechos con “responsabilidad penal”. Este cambio de enfoque trajo consigo la desaparición de los Consejos Tutelares y la creación de espacios de internamiento “integrales”, con el objetivo de implementar mecanismos para el respeto de los derechos de las y los adolescentes, así como para promover su desarrollo integral, y su reinserción.

En el caso del estado de Oaxaca, la tarea de asegurar el cumplimiento y garantía de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal fue asignada por una parte a la Subprocuraduría Especializada en Justicia para Adolescentes, hoy Fiscalía y a los Juzgados Especializados de Justicia para Adolescentes; por lo que respecta a la vigilancia en el cumplimiento de las medidas sancionadoras, a la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA).

De acuerdo a la legislación vigente en el estado, le fue conferida a la DEMA las funciones de diseñar, coordinar, supervisar, organizar y administrar los programas de atención integral y seguimiento requeridos para la ejecución de las medidas sancionadoras para adolescentes en el estado, función que guarda una estrecha relación con la vigencia del ejercicio pleno de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la Ley.

Por otra parte, en el marco de 10 por la Infancia, firmada en junio de 2014 por el gobierno del estado y 507 municipios, se contempla en el punto 4 “Implementar el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, previsto por la Ley Federal en la materia y fortalecer los sistemas locales de justicia para adolescentes, priorizando las formas alternativas al juzgamiento y las medidas no privativas de la libertad para su reintegración social.” Es en ese sentido se creó en octubre de 2014 la Mesa de Justicia para Adolescentes, la cual está integrada por las siguientes instituciones:

1. Tribunal Superior de Justicia en el Estado

2. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)

3. Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)

4. Fiscalía General de Justicia en el Estado

5. Secretaría de Seguridad Pública (SSPO)

6. Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables (PRODI)

7. Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo Estatal

8. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)

9. La oficina de enlace de UNICEF en Oaxaca

10. Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO)

11. Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI)

12. H. Cámara de Diputados

13. Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA)

Como parte de esta mesa, se creó un grupo coordinador integrado por la DEMA, la DDHPO y la SE del SIDNNA, quienes a través del presente proyecto se proponen realizar acciones para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las y los adolescentes que se encuentran bajo custodia, supervisión y seguimiento de la DEMA, como una parte de lo que representa al Sistema de Justicia para Adolescentes, esperando en lo sucesivo poder ampliar el margen de las acciones al tema del acceso a la justicia. Dicho proyecto cuenta con la asistencia técnica de UNICEF a través de su oficina de enlace en Oaxaca.

La pertinencia de la realización del proyecto, estriba en identificar una problemática y realizar acciones dirigidas hacia un sector de la población que había pasado casi desapercibido para la generación de políticas públicas integrales, con la participación de la instancia ejecutora de sanciones responsable de garantizar los derechos humanos de las y los adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida sancionadora o restrictiva de la libertad.

El objetivo general del proyecto es garantizar el ejercicio de los derechos de las y los adolescentes que se encuentran bajo la custodia, supervisión y seguimiento de la DEMA a través de acciones de capacitación, promoción, investigación y armonización normativa bajo la coordinación interinstitucional e intersectorial.

El proyecto interinstitucional cuenta con los siguientes objetivos específicos:

1. Conocer la situación de derechos de las y los adolescentes que se encuentran bajo la custodia, supervisión y seguimiento de la DEMA a través de un diagnóstico. Este diagnóstico se está realizado con el apoyo de UNICEF y REINTEGRA A.C. en el marco del “Proyecto para la promoción de la aplicación de medidas no privativas de la libertad en la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal”.

2. Lograr la sensibilización y profesionalización del personal de seguridad y custodia, operativo y administrativo de la DEMA en materia de Derechos de las y los adolescentes privados de la libertad. Hasta el momento se han realizado dos semanas de capacitación y sensibilización con personal operativo y administrativo de la DEMA. Ambas semanas de capacitación han contado con ponencias de diversas instituciones, organismos públicos e internacionales como la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, la SE del SIDNNA, la oficina de enlace de UNICEF en Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes. Estas sesiones han contribuido a brindar a los funcionarios públicos una visión integral del sistema de justicia especializado para adolescentes. De igual forma se impartió capacitación a personal de seguridad y custodia.

3. Diseñar e implementar acciones integrales para lograr la reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley. Este objetivo específico encuentra de igual modo eco en el “Proyecto para la promoción de la aplicación de medidas no privativas de la libertad en la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal” impulsado por UNICEF, en el que se tiene como propósito la articulación de una red de apoyo del sector público, privado y de la sociedad civil que permita fortalecer las capacidades y habilidades sociales de los y las adolescentes a fin de que consigan una reintegración social y familiar.

4. Contar con un modelo de Especialización en el Sistema de Justicia para Adolescentes para quienes lo operan y/o participan en él.

5. Establecer mecanismos de participación de las y los adolescentes para el ejercicio, goce y exigibilidad de sus derechos.

6. Establecer criterios para la inclusión del enfoque de los Derechos Humanos en los programas individualizados de las y los adolescentes.

7. Diseñar e implementar marcos normativos con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.

8. Promover y difundir los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Cabe destacar que este proyecto no cuenta con una asignación presupuestal específica, sino que las instituciones participantes del proyecto se han comprometido a llevar acciones en el marco de sus competencias y con los recursos financieros y humanos ya disponibles.

Este proyecto permite visibilizar la importancia de la articulación de esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales a favor de una población históricamente excluida. Este proyecto tiene un impacto directo en 33 adolescentes con medidas sancionadoras alternas a la privación de la libertad y 66 con medida de privación de la libertad.


El “Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México” del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) es una investigación inédita sobre el desarrollo histórico y legal de la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México, enfocada en los avances normativos a partir de las reformas aprobadas en los últimos tres lustros y los obstáculos estructurales para su implementación —particularmente en el Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Morelos y Oaxaca.

Basada en reveladores testimonios e indicadores, documenta la brecha entre las nuevas normas y las prácticas judiciales de corte «tutelar», ancladas a políticas públicas excluyentes.

Una de las conclusiones es que mientras persista entre los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes la cultura «tutelar», continuarán las anacrónicas prácticas violatorias del debido proceso y el Estado mexicano seguirá en deuda con esos jóvenes, sus familias y miles de víctimas de delitos atribuidos a este grupo demográfico.

Y si bien destacan avances en cuanto a la normatividad, advierten que uno de los grandes aspectos sin resolver es la profesionalización de los actores del propio sistema penal para la aplicación de dichas normas, así como un adecuado sistema de evaluación de desempeño.

Aparte, señalan que en general las instituciones judiciales conciben la reintegración social y familiar como un tratamiento aislado y solo excepcionalmente [en el DF y en Yucatán] se aplican medidas administradas por la sociedad civil, a través de organizaciones como Reintegra. De ahí que una recomendación central del Informe sea que iniciativas de ese tipo sean impulsadas, financiadas y replicadas.

Finalmente, advierten que crear programas basados únicamente en la «conducta antisocial» provoca que se estigmatice y excluya a los jóvenes, aparte de que es contrario a lo establecido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, e imposibilita la reintegración social y familiar.

Conoce el Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México