4: Implementar el Sistema Integral de Justicia Especializada para Adolescentes en conflicto con la ley penal, priorizando las formas alternativas al juzgamiento y las medidas no privativas de la libertad para su reintegración social

¿Por qué es necesario tener un sistema de justicia especializado para adolescentes diferente al sistema de justicia penal para adultos?

La adolescencia es una etapa de la vida en la cual las personas se encuentran en un proceso de madurez física, psicológica y social distinta de los adultos. Se trata de una etapa de crecimiento y oportunidad que requiere de respuestas específicas y diferenciadas que potencien al máximo sus  posibilidades de desarrollo y participación activa en la sociedad.

Sin embargo, con frecuencia las y los adolescentes son estigmatizados y asociados con una visión negativa. La falta de oportunidades, así como la ausencia de políticas públicas que les permitan acceder plenamente a sus derechos les coloca en una situación de vulnerabilidad que impide su desarrollo pleno y positivo y en muchos casos propicia que se vean involucrados o participen en en conductas delictivas.

En este sentido , la Convención sobre los Derechos del Niño prevé el derecho de todo adolescente al acceso a un sistema de justicia especializada y diferenciada en caso de ser acusado o vinculado con la comisión de un delito, que combine la prevención de la delincuencia, la restauración de la justicia y la reintegración a la sociedad. La Convención establece que la reacción social frente a actos delictivos cometidos por adolescentes no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y pleno desarrollo de sus capacidades y evitar en todo momento que sea privado del derecho a la libertad.

¿Cuáles son los principios del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley?

  • Especialización: El Sistema debe de contar con leyes, procedimientos y autoridades específicas y especializadas, distintas al sistema penal de los adultos.  
  • Debido proceso legal: Todo adolescente acusado de la comisión de un delito tiene derecho a ser juzgado bajo las garantías del proceso legal, dentro de un sistema oral y acusatorio.
  • Mínima intervención: El Sistema debe dar prioridad a la resolución de los conflictos por formas alternativas al juzgamiento (conciliación, mediación, suspensión del juicio a prueba, entre otras).
  • Proporcionalidad: La reacción frente a la comisión del delito debe corresponder a su gravedad y a las circunstancias personales del adolescente.
  • Privación de la libertad como último recurso: La detención, o encarcelamiento de un adolescente debe utilizarse solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda, por lo que el sistema debe priorizar a aplicación de todas aquellas medidas que no impliquen la privación de este derecho.
  • Reintegración social y familiar y pleno desarrollo de capacidades: la finalidad del sistema no es el castigo sino la reintegración y el pleno desarrollo de capacidades de las y los adolescentes.

¿Qué está pasando en México en relación a justicia para adolescentes en conflicto con la Ley?

En el año 2005, México aprobó una importante reforma al artículo 18 constitucional que crea un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de esta reforma los estados de la República quedaron obligados a crear las leyes, instituciones y órganos necesarios para la aplicación de este nuevo sistema de justicia en el orden local, por lo que comenzó un intenso proceso de adecuación normativa e institucional en todo el país.

A la fecha todos los estados cuentan con sistemas de justicia especializados para adolescentes, que en mayor o menor medida se han apegado a los principios y estándares establecidos por la Constitución y por la Convención.

Sin embargo el desarrollo de estos sistemas no ha sido homogéneo, dando lugar a disparidades que deben ser atendidas. Por ejemplo, el hecho de que en algunos estados se puedan aplicar penas de hasta 18 o 20 años de prisión a las y los adolescentes que han cometido un delito, cuando esta medida debería ser de último recurso y por el tiempo más breve posible; o bien la falta de desarrollado opciones alternativas al juzgamiento y a  la privación de la libertad, así como de programas que permitan a los adolescentes superar los factores que los llevaron a delinquir y reintegrarse positivamente a la sociedad.

Aunado a lo anterior, la reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 y la aprobación del código nacional de procedimientos penales en 2014, también han hecho necesaria la revisión y armonización de los actuales sistemas de justicia para adolescentes que operan nivel estatal.

Por todo ello en julio de 2015 se publicó una nueva reforma al artículo 18 y 73 constitucionales que otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Actualmente dicha legislación se encuentra en proceso de discusión en el Congreso.

¿Cuantos adolescentes están privados de libertad en México?

En 2013, hubo 4,691 adolescentes privado/as de la libertad, el 6% mujeres, internado/as en centros de tratamiento o internamiento a nivel nacional.

De éstos, 1,177 adolescentes, o el 25% de las y los adolescentes privados/as de la libertad se encontraban en prisión preventiva.

Por otro lado, a nivel nacional hubo 6,358 adolescentes en conflicto con la ley que recibieron tratamiento externo y que estaban siguiendo su proceso en libertad, al cierre de 2013.

¿Quieres saber más de la situación de adolescentes en conflicto con la ley en México?

Para información sobre la situación de justicia para adolescentes en México, consulta:

La Justicia para Adolescentes en México. Análisis De Las Leyes Estatales, Vasconcelos Méndez, Rubén, IIJ-UNAM-UNICEF, 2008.

El informe “Avances y retrocesos de la justicia para adolescentes” de Rubén Vasconcelos publicado por UNICEF México.

Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría sobre Derechos de la Niñez, OEA, Julio 2011.

El “Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México” de Elena Azaola publicado por UNICEF México.

Vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

Este punto 4 de 10xInfancia de justicia para adolescentes se relaciona con la estrategia 1.5.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que señala la necesidad de hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.

Observaciones del Comité de los Derechos del Niño a México 2015:

El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, emitidas en junio de 2015,  insta al Estado Mexicano a que ajuste plenamente su sistema de justicia juvenil a la Convención y a otras normas pertinentes.

En particular, el Comité insta al Estado Mexicano para que armonice la legislación en todos los estados;  reduzca las penas aplicables a los adolescentes; promueva la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad; garantice la asistencia jurídica calificada e independiente y asegure que la detención se utilice como último recurso y por el periodo más breve posible.  Asimismo llama la atención sobre la necesidad de asegurar que en los casos en que no se pueda evitar la reclusión, esta cumpla con las normas internacionales, en particular con respecto al acceso a la educación y servicios de salud y se fortalezcan las medidas para prevenir la violencia contra las y los adolescentes en reclusión.

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